Por Luis Rodríguez (@RodLuis995)
Introducción
Durante estas últimas semanas, la comunidad Bitcoin Cash ha estado debatiendo constantemente sobre una propuesta bastante controversial. El 22 de enero de 2020, un grupo de mineros expresó su voluntad de implementar algo nunca antes planteado entre bitcoincashers. Algo que no solo ha generado una respuesta acalorada por parte de algunos, sino también pronunciamientos que tratan temas filosóficos, políticos y técnicos en torno al protocolo Bitcoin.
¿Cuál era la propuesta? En resumen, se trataba de un «Plan de Financiamiento de Infraestructura» para la red de Bitcoin Cash (IFP por sus siglas en inglés); un experimento que pretendía dirigir el 12,5% de la recompensa de cada bloque de Bitcoin Cash a un fondo para potenciar el desarrollo de la moneda durante 6 meses, y que ha sido señalado por algunos miembros de la comunidad (muchos de ellos reconocidos) como un impuesto.
En este artículo, mi objetivo será cuestionar precisamente esa afirmación, así como reflexionar en general acerca de la propuesta en el plano ético y práctico.
Bloques orfanados
Debo confesar que al leer la propuesta, lo primero que se me vino a la mente fue que se pretendía establecer un impuesto. De hecho, mis primeras reacciones fueron en contra de ella; para mí la intención expresada era inaceptable y, por tanto, la comunidad debía oponerse y el poder de hash de los mineros conscientes debía rechazar la implementación.
Cabe destacar que la razón por la que se plantea que esta propuesta supone un impuesto es que este grupo de mineros, los cuales acumulan en su conjunto la mayor parte del poder de cálculo constante en Bitcoin Cash, no solo expuso sus intenciones de implementarlo, sino que dejaron claro que lo suyo no eran solo palabras.
Concretamente, estos mineros expresaban que la forma de implementar esta solución no sería a través de una actualización de red mediante hard fork, sino a través de un soft fork que no cambiaría el protocolo, pero que haría cumplir el programa orfanando los bloques que no se ajustaran al nuevo criterio mayoritario, con el fin de evitar que unos mineros quedasen en desventaja ante otros.
Esta parte fue la que causó mayor rechazo, puesto que para algunas personas implicaría un ataque de 51% de los mineros que apoyan el plan en contra de la red, cosa con la que ya no estoy de acuerdo, y a continuación explico por qué.
Consenso mediante hash
Para todo aquel que haya leído el documento técnico de Bitcoin, no es un secreto que el funcionamiento del sistema no está basado en el capricho o el deseo de sus participantes de que el sistema no sea vulnerado.
Se podría decir que Bitcoin es un sistema cuya seguridad depende de la resistencia a los ataques mediante un consenso basado en una realidad comprobable. En esencia, el sistema funciona gracias a una combinación de cooperación motivada por incentivos económicos y libertad de asociación.
Con respecto a esto, voy a citar dos partes del whitepaper:
“La decisión de la mayoría está representada por la cadena más larga, en la cual se ha invertido el mayor esfuerzo de prueba de trabajo. Si la mayor parte de la potencia de CPU está controlada por nodos honestos, la cadena honesta crecerá más rápido. (…)”
En esta parte, Satoshi Nakamoto deja clara la forma en que la mayoría minera demuestra su voluntad, identificando la vía estándar para la resolución de desacuerdos, y explicando de qué forma el software reconocería la cadena a seguir cuando hubiese una divergencia entre nodos que ejecutan el mismo protocolo.
“Votan con su potencia de CPU, expresando su aceptación de los bloques válidos trabajando en extenderlos, y descartando los bloques no válidos rechazando trabajar en ellos”.
En esta otra, explica de qué forma los mineros comunican a la red su apoyo y consentimiento. Es decir, de forma consecuente con un sistema basado en hechos comprobables, votan con su poder de cómputo y así establecen consensos y equilibrios para hacer una cadena u otra reconocible ante nodos que ejecutan el mismo protocolo. Y más importante aún, esta parte menciona expresamente la visión inicial sobre la acción de construir y orfanar bloques, dejando claro que la orfanación no solamente podría ser un instrumento con el que un atacante podría, por ejemplo, intentar recrear la cadena para despojar a otras personas de sus monedas (ataque de 51%), sino que también podría ser un instrumento válido para tomar decisiones.
«Derecho a ser votado»
Recientemente, Amaury Séchet, desarrollador líder de Bitcoin ABC y uno de los desarrolladores más destacados de software para el protocolo de Bitcoin Cash (BCH), publicó una reflexión de la cual quiero sacar una cita:
“Cuando un minero mina sobre un bloque de otro minero, elige efectivamente cooperar con este otro minero. Por lo general, lo hacen porque les conviene, pero nadie tiene derecho a la cooperación de nadie más (…) No están obligando a nadie a hacer nada. Otros mineros pueden (…) incluso decidir minar una versión alternativa de la cadena que no asigna financiación para el soporte de los bienes comunes. Lo que no pueden hacer es obligar a Jiang a aceptar sus bloques, o al mercado a valorar estos bloques a un precio determinado. Jiang tampoco tiene este poder para obligarlos”.
Sobre esto, debo decir que creo que Amaury da en el clavo. Como ya hemos planteado, Bitcoin establece que la orfanación de bloques puede ser usada para atacar la red así como para comunicar consentimiento “honesto”, demostrando con hechos la voluntad de la mayoría económica con respaldo del poder de hash.
Todo aquel que se oponga a cualquier medida, afortunadamente, tiene el derecho absoluto a no participar en una red, a bifurcarse de ella como lo hizo Bitcoin Cash (BCH) de la de Bitcoin-BTC mediante un UAHF (hard fork activado por los usuarios), y abrazar otras normas de consenso respaldadas por los mineros que están dispuestos a invertir su poder de cómputo en esa otra cadena.
Lo que no existe es el derecho al voto de un tercero. El consenso del protocolo Bitcoin no fue pensado para que otro participante tenga la obligación de invertir su poder de hash en favor a nuestra opinión o ideal, así como ningún participante está obligado a considerar los bloques producidos por otro como válidos, sea este participante minero, validador, etc.
No es en absoluto un impuesto
Ya abordado lo anterior, y habiendo dejado claro que la orfanación de bloques es una forma válida de participación en la gobernanza del protocolo Bitcoin desde el planteamiento mismo del proyecto, lo que nos faltaría sería determinar si la propuesta de BTC.Top, Antpool, BTC.com, ViaBTC y Bitcoin.com podría ser considerada como un impuesto o algo parecido. Nuevamente me gustaría citar el artículo de Amaury Séchet:
“Un impuesto es una contribución obligatoria a los ingresos estatales. Ignoremos la parte del Estado en la definición, ya que los mineros claramente no son un Estado, pero (…) ¿es una contribución obligatoria? Yo diría que no lo es (…) No están obligando a nadie a hacer nada. Otros mineros pueden minar otra cadena, como BTC, o incluso decidir minar una versión alternativa de la cadena que no asigna financiación para el soporte de los bienes comunes. Lo que no pueden hacer es obligar a Jiang a aceptar sus bloques, o al mercado a valorar estos bloques a un precio determinado”.
Algo parecido a esto expresaba Roger Ver, el cual además añadía que en este caso no había amenaza de agresión (violencia, cárcel, muerte, etc). Pudiendo concluir de ello que se trataría más bien de una tarifa equiparable a la que podría cobrar un condominio, aunque esta vez votado mediante poder de cálculo.
Por cierto, desde mi punto de vista, lo que se plantea sería más bien una modificación temporal de un criterio de consenso sobre la distribución de los bitcoincash recién emitidos en cada bloque. Y digo “temporal” por dos razones fundamentales. La primera, es que la propuesta IFP establece que el experimento dure tan solo 6 meses. La segunda, que su implementación, precisamente para asegurar esto, se haría no mediante un hard fork –lo cual cambiaría de forma profunda y definitiva esta regla, aun cuando tenga codificado el cese de la aplicación de la regla al alcanzar una marca de tiempo predefinida– sino mediante un soft fork, haciéndola dependiente del apoyo minero mayoritario en tiempo real.
Este apoyo mayoritario del que hablo se vería expresado a través del criterio de “la cadena más larga”, y permitiría que incluso quienes han impulsado la propuesta pudiesen dejar de aplicarla –dejando de ignorar los bloques que no destinaran ese 12,5% de la emisión al fondo de desarrollo– sin siquiera tener la necesidad de planear una nueva bifurcación para quitarla.
Tampoco es una tarifa a la minería
A pesar de lo planteado anteriormente, alguien podría argumentar que si bien la propuesta trata de un cambio en la distribución de los nuevos bitcoincash emitidos y no de un impuesto «minero», esta regla podría estar obligando, a los mineros que no estén de acuerdo, a trabajar en beneficio del fondo en contra de su voluntad, al “despojarlos” del fruto de su trabajo, y por tanto constituiría, como he señalado antes, una «tarifa abusiva» de unos mineros sobre otros.
En cuanto a eso, mi opinión es que la naturaleza de esta contribución del 12,5% tampoco sería esa por tres razones fundamentales:
La primera, es que el porcentaje no se deduciría de la recompensa total que sacase el minero del bloque, lo que incluiría las tarifas de las transacciones seleccionadas por el mismo, sino específicamente de la emisión de nuevos bitcoincash.
La segunda, es que en razón del propio funcionamiento del protocolo Bitcoin, los mineros no tendrían que asumir los costos de ese 12,5%, puesto que este cambio, al modificar las expectativas de rentabilidad de los mineros, impactaría directamente en la participación minera en la cadena de Bitcoin Cash (hashrate), y en consecuencia se reflejaría necesariamente en la dificultad, sin imponer un “peso adicional” no remunerado sobre el minero de cada bloque.
Y tercero, y como conclusión lógica que se sigue de los dos puntos anteriores, porque la tarifa no se estaría aplicando sobre la actividad minera, sino que sería una deducción, si se quiere, «al protocolo», es decir, a la cantidad de bitcoincash que queda por emitir.
Consideraciones finales
Para no extenderme demasiado, y asumiendo que he dado suficientes razones para ilustrar mi posición sobre por qué «dirigir el 12,5% de la recompensa por bloque de Bitcoin Cash» no constituye en sí mismo un impuesto ni una tarifa a la minería, me permitiré expresar un par de consideraciones adicionales.
En mi opinión, la reacción acalorada se ha debido, en parte, a que la forma en la que se comunicó la propuesta no fue la adecuada. Por otro lado, quisiera destacar que este debate me ha parecido indudablemente edificador, ya que nos ha obligado a discutir con pensamiento crítico cosas que antes no se habían planteado en nuestra comunidad, y a demostrar que somos una comunidad que se mantiene unida en torno al propósito cardinal del proyecto sin tener que recurrir a la censura.
Como segundo punto, quiero señalar que creo que de aplicarse este cambio, el cual por cierto sería bueno que se debatiera un poco más para mejorarlo –siguen haciendo ruido las medidas que se han de tomar para administrar y distribuir los fondos, así como las personas que tendrán parte en su administración–, es dudoso que su impacto vaya a ser necesariamente negativo para la rentabilidad de la minería de Bitcoin. Primero, porque la ausencia temporal de esa emisión como ingreso a los mineros no supondría “un costo adicional” sobre los mineros de Bitcoin Cash en particular –los mineros de las cadenas Bitcoin Cash, Bitcoin-BTC y Bitcoin SV que se guíen exclusivamente por la rentabilidad estarían contribuyendo al fondo–. Y segundo, porque la rentabilidad de la minería depende no solo de la dificultad, sino del precio de los activos minados, por lo que la implementación de la propuesta, de ser acompañada por un alza de precios, podría llevar también al alza los márgenes de ganancia de la minería de Bitcoin Cash (BCH).