Fuente: Towards a Better Way
Bitcoin es una herramienta útil para aquellos que valoran la transparencia. ¿Suena a paradoja? No lo es. Una característica importante de una tecnología que aumenta la libertad es que puede ser utilizada para una gama muy variada de opciones.
Voy a hablar un poco más sobre cómo funciona esto en el caso de Bitcoin más adelante, pero primero quisiera presentar como evidencia el reciente descubrimiento de corrupción por parte de dos agentes del gobierno involucrados en la incautación del dinero de Silk Road. El agente de la DEA «Carl Mark Force IV» y «Shaun W. Bridges», del Servicio Secreto, son presuntamente responsables, entre otros delitos, de la apropiación indebida y blanqueo de más de un millón de dólares en bitcoins confiscados del sitio web de Silk Road. Carl Force era también un importante inversor, además de empleado, del stio de intercambio CoinMTK mientras estuvo involucrado en el caso, y se le acusa de haber robado los fondos de los clientes mientras estuvo allí.
La noticia aquí no es que los agentes del gobierno eran corruptos. La noticia es que fueron capturados, y que el libro mayor público de Bitcoin ayudó a identificarlos.
No tenemos forma de saber cuánto «pierde» el gobierno rutinariamente en el proceso normal de obtener nuestro dinero y gastarlo, ya sea por incompetencia burocrática o malversación intencional, pero sabemos que se mide en miles de millones. La confiscación penal de bienes y, más aún, la la confiscación civil son otra historia. La facilidad con la que las fuerzas del orden pueden emplear su poder confiscatorio es bien conocida, y hay varios casos de alto perfil que han llamado la atención sobre el tema. Pero el mayor problema es que no sabemos, ni se puede saber, qué tan profunda es la corrupción. Simplemente no hay manera de rastrear si un departamento de policía ha reportado inadecuadamente el valor de una confiscación y utilizado ilegalmente los fondos. Sabemos que sucede. Simplemente no sabemos con qué frecuencia ni los montos involucrados.
Ahora, imagina cómo eso podría cambiar si todo el dinero incautado por una incursión del gobierno fuera visible en un libro contable público imposible de falsificar, donde una vez que la «ubicación» digital de una cantidad de dinero fuera conocida, cualquier información falsa sobre el valor de una confiscación sería detectada rápidamente por el público. Eso es exactamente lo que sucedió con los agentes Force y Bridges. Si hubieran robado dinero en efectivo y enviado sus ganancias a una cuenta en el extranjero, podrían haberse salido con la suya. Pero es obvio que ellos no entienden cómo funciona Bitcoin. Quizás se vieron atraídos por la idea de que Bitcoin es «anónimo», lo cual solo es cierto si se trabaja duro para mantener el anonimato –en especial cuando se está involucrado en delitos graves–. Sus acciones enviaron una señal evidente no sólo de que algo había sido robado, sino cuánto había sido robado. Era sólo cuestión de tiempo antes de que fuera descubierto por quién había sido robado.
Bitcoin ofrece privacidad a aquellos que la necesitan. El uso de seudónimos es un gran paso en esa dirección, pero hay que tomar medidas para dificultar la conexión entre la propia identidad y el monedero que se utiliza. Por otro lado, Bitcoin ofrece la posibilidad de lograr un nivel de transparencia, cuando se la necesita, mucho mayor que el que permite el dinero en efectivo. Una vez que el propietario de una cartera es de conocimiento público, cada transacción que entre o salga de esa cartera también será identificable en la cadena de bloques. Esta es una característica ideal para organizaciones benéficas, empresas y cualquier institución para la cual es vital mantener la confianza del público. Una empresa que publica sus direcciones nunca podrá mentir exitosamente sobre ingresos o gastos, y sería inherentemente más fiable que una empresa que no lo hace.
Pero para el gobierno, la cadena de bloques es una piedra en el camino. Sí, podría hacer que el enjuiciamiento de los delitos financieros sea más fácil; pero también hace que actos de corrupción como los de Force y Bridges no puedan quedar impunes. La cadena de bloques obligaría al gobierno a rendir cuentas rigurosamente. Y esto no se limita al ámbito financiero. Un protocolo del estilo de la cadena de bloques podría utilizarse para autenticar documentos legales, o para crear un sistema de votación a prueba de fraude. El gobierno, tanto como una obra de caridad privada o una empresa, depende de la confianza pública para su supervivencia. A diferencia de las organizaciones benéficas y empresas, sin embargo, no es capaz de ganar legítimamente esa confianza. La confianza en el gobierno se basa en la ignorancia del público de lo que realmente pasa detrás de la escena –de cómo la clase política vive a expensas de la población productiva–. Un protocolo de autenticación pública aplicado al gobierno iluminaría con una luz brillante todas aquellas grietas profundas y oscuras en las que el poder del Estado crece.
La mala noticia es que, justamente por esa razón, cabe esperar que el estado nunca acepte una reforma de ese tipo. A pesar de la obvia, y a menudo divertida, incapacidad de los políticos para entender a Bitcoin, saben lo suficiente como para temerle. La buena noticia es que no necesitamos que lo acepten. La reforma política es terriblemente lenta e ineficiente; pero las instituciones privadas adoptarán Bitcoin y otras innovaciones similares, y es sobre esa base que una sociedad libre y abierta puede desarrollarse.
Bitcoin ofrece a la gente la opción de manejarse de manera tan privada o abierta como necesite. No tiene por qué llegar a ser tan ubicuo como el dinero en efectivo para que funcione. Sólo tiene que seguir creciendo para dar cabida a los marginados por la intrusión del Estado, proporcionando un paraguas de privacidad para aquellos que lo necesitan. Y mientras tanto, allí donde el gobierno se vea obligado a usar Bitcoin, le resultará mucho más difícil abusar de su poder.