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La guerra ya ha comenzado (mineros en la mira de los estados)

Esta entrada ha sido el tema central de una entrevista con su autor, el famosísimo Drogoteca, en el último episodio de «No hay almuerzo gratis«:


Por Drogoteca

El día 11 de noviembre de 2020, a través de un tweet de Ricardo Spagni (el desarrollador líder de Monero), tuve conocimiento de un hecho que es un hito importante en cómo se va desarrollando la disputa de poder que suponen las criptomonedas frente a los estados.

En dicho tweet, Spagni señalaba que un nuevo pool de minería (de momento en versión beta y modo privado) iba a comenzar a aplicar nuevas reglas a las transacciones de Bitcoin (BTC) que admitían en sus bloques. Las nuevas reglas según el texto publicado por dicho pool -de nombre Blockseer– impedirán hacer transacciones a ciertas direcciones que (por la razón que sea) consideren “sucias”, bien por estar vinculadas a actos criminales, bien por otros motivos más triviales como puede ser que la hacienda de un determinado país considere que son defraudadores fiscales.

De momento, la empresa ha dicho que aplicará las restricciones que les comuniquen desde un organismo usano llamado OFAC (Office of Foreign Assets Control) u “Oficina de control de los activos en el extranjero”. Es una agencia que depende del departamento del tesoro en USA, y que tiene como objetivo establecer controles y recabar información de todas esas cuentas, fortunas o acumulaciones de dinero que se encuentran fuera de su alcance, y si bien la blockchain de Bitcoin (BTC en este caso) no se encuentra exactamente en ningún lugar concreto a nivel de fiscalizar o controlar lo que en la blockchain ocurre, la situación de los USA (como de cualquier otro país) es equivalente a tener que vérselas con una organización extranjera, que no responde a sus demandas ni a sus intereses.

Curiosamente, Blockseer es sólo una de las empresas subsidiarias de “DMG Blockchain Solutions”, que desarrolla diversas actividades sobre criptomonedas, y esto sería tan sólo su rama de minería. Y dichas empresas, tanto Blockseer como su matriz DMG, no son ni siquiera empresas de USA, sino que son empresas radicadas en Canadá.

¿Qué sentido tiene que una empresa canadiense adopte restricciones que se derivan de un organismo de USA? Pues de momento, sólo anticiparse a lo que es posible que venga a partir de ahora. Canadá, junto con USA, Reino Unido y Australia, son un grupo de países que comparten mucho a nivel de procedimientos legales, reforzándose mutuamente en las decisiones fiscales y de persecución de ciertas personas o empresas, que por la razón que sea, cualquiera de estos países considere delictiva.

El pool de minería, Blockseer, está vendiendo este mecanismo de censura sobre las transacciones como algo positivo, proclamando que ayudará a limpiar el ecosistema de Bitcoin de los personajes indeseables que lo usan, y que esto mismo promoverá su adopción masiva a nivel mundial, al aumentar el prestigio de dicha moneda eliminando a esos posibles usuarios.

Para Ricardo Spagni, es sólo cuestión de tiempo para que esta forma de operar (filtrando ciertas transacciones para que no sean incluidas en los bloques minados) sea el estándar y no la excepción. Consultando el asunto con el ingeniero Javier González, creador del BMP (un mecanismo de gobernanza mediante voto por hash power en las blockchains), nos comentó que su opinión es que esto era sólo una “prueba de concepto” para ver cómo iba, antes de intentar expandirlo al resto de mineros. Y realmente yo coincido con ambas opiniones.

Para mí, esta es la noticia más importante en el mundo de las criptomonedas desde su creación, ya que las criptomonedas a quien retan de entrada es a los estados -produciendo una serie de monedas que escapan a su control- y es esta su característica más importante: separar moneda y estado, para que las monedas no sean un instrumento de los políticos y gobernantes, de manera que no puedan usarlas para robar la riqueza que representan, mediante la emisión a capricho de más moneda, lo que resulta en inflación y pérdida de valor de la moneda ya existente. La inflación es la forma de robo estatal que resulta más efectiva y afecta por igual a todos los bolsillos, provocando que ese dinero fiat valga cada día menos. Precisamente, para luchar contra esto, nació Bitcoin hace ya más de 10 años.

¿Qué puede pasar de ahora en adelante en este aspecto?

Pues vamos a explorar distintos escenarios.

-Escenario 1: sólo 1 pool de minería aplica esos filtros de censura.

En este escenario, no se plantea ningún problema real para los usuarios de dichas direcciones “prohibidas” por la OAFC. Sus transacciones, aunque se realizasen en el momento en que Blockseer consiguiera minar un bloque y decidiera no incluirlas en el mismo, serían incluidas en el bloque de cualquier otro minero, poco después.

-Escenario 2: la norma -de aplicar dicha censura con filtros- se extiende (forzosamente) a todos los pools de minería bajo jurisdicción de USA.

En este caso, empieza a haber problemas. Y esos problemas van en relación directa a la potencia en hash power que tengan los pools de minería de dicho país. Ya serían bastantes más los bloques minados por grupos que aplican esos filtros, y los usuarios de las direcciones censuradas se verían con problemas para incluir sus transacciones en los bloques de estos grupos que, si representan un alto número en el ratio de hash power total, conseguirían que dichas transacciones tardasen (de media) mucho más tiempo en ser incluidas en un bloque, produciendo una pérdida de calidad y fiabilidad en la red, ya que cierta proporción de la misma se guiaría por razones distintas del incentivo económico de incluir las transacciones con mayor tarifa en sus bloques.

-Escenario 3: la aplicación de censura con filtros se extiende entre países amigos, creando una serie de listados de direcciones que todos ellos consideran “no usables”, y fuerzan por ley a los mineros y pools radicados en dichos países a aplicar dichos filtros.

En esta situación, que sería la lógica a nivel internacional para grupos como los 5 grandes angloparlantes que comparten información y cooperan legalmente (USA, UK, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), nos pondría en una situación ya más compleja (y seguramente previa a un nuevo giro de tuerca que exploraremos en el siguiente punto). La suma del hash power de todos esos países, si bien no parece llegar hoy día al 51% del total de poder de cómputo en BTC, es ya bastante grande, y sería un pequeño calvario realizar una transacción desde cualquier dirección que estos países determinaran como prohibida. El usuario se vería obligado a esperar que un minero -radicado en un país que no sea uno de estos 5- incluyera su transacción en el bloque, significando esto que el aumento de la incertidumbre y del tiempo de espera para lograrlo, resultasen realmente comprometedores. Cabe también apuntar a que Europa, en general, suele seguir en el tema de las prohibiciones y las persecuciones legales (por motivos fiscales o de otro tipo) lo que le solicitan desde estos países ya mencionados. Y que no sería extraño, menos aún viendo cómo en Europa se empiezan a desarrollar legislaciones que intentan violar el secreto inherente a las criptomonedas, que Europa acabase por aceptar el uso de dichos filtros para obligar a los mineros y pools a censurar estas transacciones.

La calma antes de la tormenta: el “switch” para iniciar la gran batalla final

Hasta el momento hemos explorado los escenarios que se producirían a medida que más actores y países se sumasen al uso de filtros de censura sobre transacciones en la blockchain. Lógicamente, esta misma censura por filtros se aplicaría a otras monedas y otras blockchains, porque de nada vale que si tienes varias fugas en una tubería, sólo tapes un agujero en ella: lo previsible es que se taponen todas las posibles salidas, que en este caso son las distintas criptomonedas.

Y hemos asumido una cuestión: los pools o mineros que aplicasen los filtros de censura, no incluirían las transacciones prohibidas en sus bloques, aunque seguirían construyendo bloques sobre los bloques de otros mineros que sí las incluyesen, de manera que la cadena continuase sin problema.

PERO… ¿¿qué pasaría si se diera la orden a los mineros de ignorar aquellos bloques que contuvieran transacciones de dichas direcciones “prohibidas”??

-Escenario 4: se prohíbe minar bloques sobre otros bloques que contengan direcciones que pertenezcan a la lista de censura.

Este escenario llevaría a un problema en la blockchain a nivel mundial, que supondría de facto que BTC (en este caso), sufriera un split que lo dividiera en dos monedas distintas. Por llamarlas de alguna forma, si se aplicase dicha norma, se generarían 2 cadenas: una sería BTC-USA-Y-AMIGOS (que contendría a los países que aplicasen dicha prohibición sobre sus mineros y pools) y la otra cadena sería BTC-RESTO-DEL-MUNDO, que incluiría a los países que se negasen a entrar en el juego de aplicar censura o prohibiciones a la blockchain. Estos países podrían ser, por ejemplo, los enemigos tradicionales del “bloque USA”, como serían Rusia o China (y hay que recordar que China es el país con mayor capacidad de cómputo y minería en la blockchain).

Las distintas normas aceptadas para validar los bloques, harían que se produjeran 2 cadenas (en BTC y en todas las monedas afectadas) que no serían reconciliables. Una cadena no aceptaría transacciones de determinadas direcciones, y la otra cadena las aceptaría de cualquier dirección.

Este escenario es ya uno de gravedad mayúscula, que fracturaría la mayoría de monedas, con consecuencias imprevisibles. En este escenario no entrarían, por cuestiones puramente técnicas, las monedas con un alto grado de anonimato como puede ser Monero, por ejemplo. Dado que las direcciones implicadas en los bloques de su modelo de blockchain no son visibles para el público en general, no habría forma de implementar una prohibición basada en direcciones contenidas en una “blacklist”.

Pero es de suponer que los estados que quisieran imponer dicho control de transacciones, tendrían que actuar contra las monedas de alto anonimato, ya que de lo contrario serían el agujero por el que escaparían todos aquellos que quisieran saltar dichas limitaciones. Así que en este escenario, sería previsible que -al mismo tiempo- las monedas de alto anonimato quedaran todas bajo una prohibición legal, de manera que minarlas o colaborar con dichas blockchains, se considerase directamente un delito informático-fiscal.

-Escenario 5: se produce un acuerdo entre todos los países del planeta, o un grupo que manejase mayoritariamente el hashpower de toda la minería de criptomonedas, para aplicar dichas listas de censura de direcciones y no aceptar bloques que contengan transacciones con dichas direcciones.

Pues aquí habríamos llegado al GAME OVER. Sería la muerte de las criptomonedas, tal y como fueron concebidas: monedas fuera del control de los estados, para evitar su manipulación y restricciones de flujo por sus leyes fiscales. Aunque no fueran todos los países del planeta, sino que hubiera algún país que no incorporase dichas normas de censura, si el hashpower del país o países -que se negasen a aceptar esas normas de juego- no fuera un porcentaje elevado, el resto de estados habrían conseguido dar por muerto el movimiento de las criptomonedas como dinero fuera del control estatal, que es su “leitmotiv” más esencial.

Además los países que no aceptasen dichas prohibiciones, se verían expuestos a sanciones económicas y diplomáticas que afectarían gravemente a su economía, mercados y calidad de vida, de manera que -tarde o temprano- tendrían que terminar claudicando o convirtiéndose en zonas autárquicas, que no podrían relacionarse eficientemente con el resto del planeta.

Esto es posible porque, si bien las criptomonedas son descentralizadas por su diseño en el que cualquier minero sin permiso puede incorporarse a la red y trabajar en ella, los pools de minería y los mineros sí son organizaciones y personas con uno o varios responsables legales, de manera que el estado podría actuar contra ellos, privándoles de sus derechos, posesiones y libertad. Y como consecuencia directa, su trabajo en la blockchain, desaparecería finalmente.

Es un escenario muy similar al de la prohibición internacional de las drogas, en que todos los países han ido incorporándose a los tratados prohibicionistas que surgieron de USA y su entorno, muchos por compartir las ideas generales de estas prohibiciones, y otros cuantos porque no querían sufrir las consecuencias de no hacerlo: el aislamiento internacional y las sanciones económicas.

Personalmente opino que, por desagradable que parezca, hemos iniciado el camino hacia ese futuro distópico que acabará con las criptomonedas y su razón de existir. Esta es una guerra a medio-largo plazo que estaba declarada desde el día que se creó el primer bloque de la primera criptomoneda, dado que el nacimiento de la criatura suponía la primera amenaza real y sólida para las estructuras tradicionales del modelo de estado actual, especialmente al quitarle el control de la moneda y al privarle de poder operar a su antojo sobre ella. Así que no nos puede sorprender que vayamos acercándonos a ese escenario de guerra, ya que resulta algo inherente a la co-existencia de los estados y las criptomonedas: no hay suficiente sitio para los dos, al menos como están concebidos actualmente ambos actores.

Esto puede llevar a que exista una mayor conciencia de la población frente al robo y la manipulación limitante sobre sus vidas, que implica tener que usar el dinero fiat, y tal vez (en un futuro muy esperanzador y optimista) puedan plantar batalla y encontrar soluciones técnicas para solventar el problema del estado y sus arbitrarias prohibiciones.

Pero al mismo tiempo, la otra cara de la moneda, nos llevaría a un mundo en el que la minería de criptomonedas fuera un negocio “estanco” -que pertenezca al estado y sea este quien decide sus normas- de forma que los mineros pasarían a ser trabajadores estatales (formalmente o sólo de facto) que serían a la postre los encargados de la vigilancia y censura de las operaciones en las blockchains: habríamos llegado a la muerte de las criptos mediante la “minería estatal”. Y no es necesario que los estados inviertan en capacidad de cómputo para intervenir la minería, ya que les es suficiente con usar su recurso legislativo para prohibir, y sus brazo de coacción violenta (policía y otros órganos represores) para ejecutar los castigos ante quien se negase a aplicar las normas.

No suelo equivocarme mucho en mis análisis, y este me resulta tremendamente evidente y un camino que era previsible que llegase a plantearse en la realidad. Pero nada, nada me haría más feliz que equivocarme totalmente en lo planteado en este texto.

Lo deseo con todo mi corazón y con toda mi cabeza: espero que el ser humano encuentre la forma de evitar un futuro como el que he descrito aquí.