Dinero electrónico: un instrumento del Estado Policial

Dinero-electrónico-instrumento-Estado-Policial
Image by ep_jhu/Flickr

Una de las razones por las cuales sabemos que el actual sistema monetario y financiero está condenado a seguir fracasando – hasta su colapso definitivo – es que la institución moneda no nació como una herramienta de control social. De hecho, la violencia la torna inefectiva, si no perjudicial. Por eso Jon Matonis no se cansa de repetir que si el dinero electrónico puede ser utilizado como un medio para identificarnos, escudriñarnos, vigilarnos y censurarnos, pues estamos mejor sin dinero electrónico.

El caso del señor Salah, que Mike Hearn recuerda en el foro de Bitcoin, ilustra muy bien los peligros de un sistema financiero cuyos canales han sido secuestrados por un Estado Policial.

Una de las críticas más comunes que se le hacen a Bitcoin es que, al ser como el dinero en efectivo, no admite el control gubernamental de las transacciones – algo que, según se afirma, es necesario para luchar contra el terrorismo. Si vas a involucrarte en un debate sobre este tema, el siguiente caso puede interesarte.

Sinopsis

Salah et al. V Ministerio de Hacienda es una demanda federal presentada en nombre de Muhammad Salah, ciudadano de los EE.UU. que reside en este país, contra la decisión del Ministerio de Hacienda de designar al Sr. Salah como «Terrorista Especialmente Designado» sin debido proceso ni razones que lo vinculen en modo alguno a un delito penal, y bajo restricciones tan severas que le impiden llevar a cabo las actividades más básicas de la vida.

Estado actual

En respuesta a la demanda, y sin intentar defender su previa posición, el Ministerio de Hacienda eliminó unilateralmente al Sr. Salah de la lista de “Terroristas Especialmente Designados”. Después de 17 años de opresivas restricciones sobre su capacidad para realizar las actividades más básicas de la vida, el Sr. Salah y su familia fueron liberados de la carga que el Gobierno de los EE.UU. les había impuesto.

Vale la pena preguntarse: ¿cómo es posible que un supuesto terrorista digno de las sanciones más severas por más de 17 años sea de pronto designado como no terrorista, simplemente en respuesta a una demanda? La calidad (y por tanto la utilidad) del proceso en cuestión es, como mínimo, discutible, sobre todo teniendo en cuenta que el del Sr. Salah está lejos de ser un caso aislado.

¿Y cómo es vivir en los EE.UU. mientras uno está incluido en la lista de “Terroristas Especialmente Designados”?

Como resultado de la designación, Salah ha tenido que vivir bajo restricciones extremadamente severas, privándose de prácticamente todas las transacciones económicas – incluso las necesarias para la supervivencia: Al Sr. Salah no se le permitía conseguir un trabajo, pagar el alquiler, obtener atención médica, o incluso comprar una hogaza de pan.

Al estar obligado a informarles a sus posibles empleadores que él era un «Terrorista Especialmente Designado», le era prácticamente imposible conseguir trabajo.

Sus familiares y amigos tenían prohibido ayudarlo económicamente.

Tenía prohibida la compra de artículos tan simples como un libro o un periódico, una entrada para un concierto o un evento deportivo, o flores para su esposa.

También tenía prohibido cumplir con su obligación religiosa de hacer donaciones regulares a instituciones caritativas.

Ser expulsado de la economía de manera tan radical es un castigo terrible, incluso una amenaza para la vida. Y cualquier persona que intente ayudarte puede ser acusada de “lavar dinero”, violar las sanciones o ambas cosas.