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Regular a Bitcoin por la fuerza: como ponerle puertas al campo




Por Eduardo Martínez Narváez



Hace unos días, los foros y otros espacios de debate en Internet frecuentados por miembros de la comunidad Bitcoin echaban chispas por una intervención de Mike Hearn, integrante del directorio de la “Bitcoin Foundation”, en el foro privado de dicha organización, en la que planteaba lo siguiente: “Me gustaría iniciar una sesión de discusión y lluvia de ideas sobre el tema del rastreo/manchado de bitcoins o, como yo lo llamo, “lista roja”.

La discusión planteada por Hearn surgió a raíz de las cada vez más exigentes normas y regulaciones que las agencias gubernamentales estadounidenses intentan imponer a las operaciones con bitcoins. El detonante final ha sido la invitación de comparecencia para el día de hoy, por parte del Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, a un grupo de personalidades con intereses de algún tipo en el ámbito de las criptomonedas, donde se incluye a la “Bitcoin Foundation”.

Se especula que entre las medidas a discutir en esa reunión estarían las destinadas a “marcar” de alguna manera las operaciones con bitcoins, con la finalidad de rastrear a quienes las realicen y prevenir o sancionar posibles actos delictivos.

El gobierno estadounidense lleva un tiempo con la mira puesta en las operaciones con bitcoins. Como sabemos, desde que se produjeron los atentados de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los organismos estatales de ese país han profundizado hasta extremos insospechados las operaciones de inteligencia, espionaje, bloqueo y seguimiento hacia cualquier persona, empresa u organización sospechosa de estar relacionada con el terrorismo. Todo ello bajo el amparo de la “Patriot Act”, legislación aprobada durante la administración de George W. Bush y que a pesar de las amplias capacidades de control gubernamental que concede, se ha mostrado incapaz de evitar, por ejemplo, el atentado terrorista cometido el pasado mes de abril mientras se celebraba la Maratón de Boston.

Si bien es legítima y fundamentada la preocupación surgida en la comunidad Bitcoin a propósito de la discusión planteada por Hearn, lo más probable es que, de llegar a plantearse cualquier medida tendiente a limitar el uso de Bitcoin – bien porque así lo convenga la “Bitcon Foundation” o por cualquier otro motivo –, la misma corra igual destino que otras iniciativas de sobre-regulación emprendidas por el gobierno de los EE UU: el fracaso.

Ya se ha mencionado el ejemplo de Boston. Pero tenemos otro mucho más ilustrativo de lo inútil que resulta intentar ponerle puertas al campo: Cuba.

Desde el año 1958 hasta la fecha, los sucesivos gobiernos estadounidenses han promulgado distintas legislaciones con el fin de impedir las operaciones comerciales o financieras con la isla caribeña. Hubo varios episodios en la escalada de prohibiciones en contra de la dictadura cubana: el inicial embargo de armamentos; la reducción de las cuotas en la importación de azúcar a los EE UU; la ruptura de relaciones diplomáticas; la llamada “Ley Torricelli”; la Ley Helms-Burton y todo tipo de prohibiciones no solo contra empresas o particulares nacionales de los EE UU sino extensivas a empresas y ciudadanos extranjeros.

Lo cierto es que al día de hoy Cuba sigue recibiendo visitas de ciudadanos estadounidenses, las empresas norteamericanas siguen comerciando con este país y numerosas compañías de otros tantos países como Canadá, España, China, Brasil y Francia, entre otros, mantienen inversiones en diversos sectores de la economía cubana, a pesar de las advertencias y amenazas de represalias por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Durante más de cincuenta años, Estados Unidos ha intentado infructuosamente impedir el establecimiento de vínculos comerciales entre Cuba (un país insular) y otros países del mundo. ¿Cabe tomar en serio la amenaza de que posibles regulaciones a Bitcoin (un protocolo descentralizado) podrían frenar su expansión o hacerlo desaparecer?

Al amparo de los hechos, pareciera que no.

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